Tuesday, 21 June 2016

SumVoces: Transparencia y protección de datos, las herramientas que Venezuela necesita

Nuestra última entrega de SumVoces contó Rim Hayat Chaif de Argelia, en inglés y árabe. Este mes os traemos abogada venezolana y activista de derechos digitales, Marianne Díaz Hernández, en inglés y español.

Abogada venezolana y activista de derechos digitales, Marianne Díaz HernándezLa omnipresencia de la tecnología está justo en el límite de convertirse en algo que ya no notamos, algo que damos por sentado y en lo cual no pensamos demasiado. A medida que esto sucede, las entidades a cargo de proveer servicios tecnológicos sólo incrementan la cantidad de información que recolectan de nuestras actividades, y tanto compañías como gobiernos utilizan esta información para su provecho, en ocasiones en contra de las leyes de privacidad, pero incluso más aún en lugares donde estas leyes no existen. En Venezuela, no existen leyes en relación con la protección a los datos personales, incluyendo su recolección y su manejo. Al mismo tiempo, el gobierno está recabando enormes cantidades de datos (desde huellas digitales hasta consumo de alimentos) y cerrando esta información tras cercos, haciéndola inaccesible a los ciudadanos y a la sociedad en general.

Mientras por un lado, los datos personales y los metadatos son recabados sin seguir ningún estándar, y las comunicaciones privadas son violadas de manera regular, por otro lado, la información gubernamental es inaccesible o está enterrada profundamente bajo capas interminables de burocracia. El principal argumento contra el alegato de que Venezuela tiene las tasas de inflación y de homicidios más altas del mundo, yace en el hecho de que no hay cifras oficiales para éstos o para un sinnúmero de otros asuntos públicos: enfermedades y epidemias, distribución de alimentos y escasez, hambre y pobreza, así como los indicadores económicos, son publicados sólo a conveniencia del gobierno y no pueden ser solicitados por los ciudadanos. Un par de años atrás, una organización no gubernamental solicitó información con respecto a cuántos sitios web estaban siendo bloqueados por el gobierno (alrededor de 1.500, de acuerdo con investigaciones independientes) y las razones y procedimientos para tales bloqueos. La respuesta del Tribunal Supremo fue declarar que toda la información de telecomunicaciones era “secreto de Estado”, y que esta ONG no tenía derecho a requerir tal información.

La falta de estándares legales en torno al acceso a la información puede ser dañina tanto para la transparencia como para la privacidad. No haber establecido qué datos son considerados públicos (y deben ser liberados) y qué datos son considerados privados (y deben ser protegidos) puede crear un entorno en el cual la información fluye de acuerdo a los intereses particulares de los actores públicos y privados que detentan el poder, en lugar del interés público. Como ciudadanos, la falta de control que tenemos sobre nuestra información privada puede ser usada como herramienta para la opresión, la censura y la presión política. En el caso de Venezuela, por ejemplo, la interconexión de la información biométrica, que es usada en los sistemas electorales así como en los sistemas de distribución alimentaria, es percibida por muchos ciudadanos como si pudiera tener un impacto directo en su capacidad para alimentarse a sí mismos y a sus familias. Como consecuencia, las personas podrían sentir propensión a restringirse de involucrarse en la vida política del país, como una medida de autopreservación.

La Asamblea Nacional venezolana se encuentra debatiendo el proyecto de una ley que, de ser aprobada, se convertiría en la primera en regular el manejo y publicación de información pública. Esta ley podría proporcionar a los ciudadanos las herramientas legales para requerir información pública del gobierno, así como mecanismos de rendición de cuentas, en el caso de que los servidores públicos no cumplan con su obligación de liberar información pública. Aunque esto podría parecer un estándar mínimo para los datos abiertos, para Venezuela significaría un cambio trascendental en la forma en la que las políticas públicas son creadas y aplicadas, y en la manera en la que los ciudadanos podrían involucrarse en la creación de políticas públicas y la rendición de cuentas. Es una gran oportunidad para crear un conjunto de estándares en torno a la información pública, así como a los límites entre lo público y lo privado, junto con mecanismos que permitirían a los ciudadanos tomar medidas para proteger su información personal que yace en manos de actores estatales. Mientras la capacidad de obtener información en torno a procesos y políticas públicas es una poderosa herramienta para la transparencia, la innovación y la lucha contra la corrupción, la capacidad de controlar la forma en que nuestros datos personales son recabados, tratados, almacenados y compartidos podría ser una de las garantías más importantes que podemos ganar para la protección de nuestras libertades en línea.

Marianne Díaz Hernández contribuyó con anterioridad a SumVoces con "Digital Security Starts With Contextual Risk Assessment" ("La Seguridad Comienza digitales con el Análisis de Riesgos contextual"). Ella está involucrada en iniciativas como Creative Commons Venezuela y Acesso Libre y contribuye a Global Voices y el blog de Amnistía Internacional. Seguirla @mariannedh.



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